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Ciudades sin urbanismo
Ciudades sin urbanismoSat, 12 Jul 2008 19:08:00  César Pérez |
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Muchos políticos le atribuyen importancia al municipio, básicamente, porque ven este una oportunidad para tener un escenario para hacer política (casi siempre clientelar).
César Pérez
La nueva Ley sobre el régimen municipal dominicano, la Ley sobre el Presupuesto Participativo, algunas experiencias de gestión municipal y el Informe 2008, del PNUD sobre Desarrollo Humano en República Dominicana, son hechos que evidencian que el tema de la gestión local cada día cobra más importancia en sectores claves de la vida política, social y económica de este país, a pesar del desinterés que sobre el mismo ha tenido la clase política.
Es innegable que el esfuerzo de muchos para que este sector entienda que ninguna sociedad ha podido alcanzar determinados grados de desarrollo, de cohesión y equidad social sin gobiernos locales realmente descentralizados y solidamente institucionalizados, poco a poco da sus frutos.
Sin embargo, muy pocos de quienes se regocijan por esa circunstancia dan muestra de ser concientes de que ningún gobierno local puede asumir con éxitos sus competencias y ser eficiente en la gestión de su territorio, si este no tiene una práctica y una teoría urbanística, a través de la cual tenga un control sobre la dinámica que orienta los procesos y las tendencias que van configurando dicho territorio.
En ese sentido, el avance del municipalismo arriba aludido está altamente contaminado por el hecho de que muchos políticos le atribuyen importancia al municipio, básicamente, porque ven este una oportunidad para tener un escenario para hacer política (casi siempre clientelar) y porque muchos municipalistas se limitan básicamente a impulsar la participación ciudadana en la gestión municipal, lo cual es bueno, pero no si es limitada a la mera la acción política (algunas veces ingenua).
Las autoridades municipales dominicanas no han podido escapar a la lógica que rige los gobiernos centrales y, fundamentalmente sus máximos conductores: la construcción de obras, donde quieren dejar inscritos sus nombres en la historia del país. Cada síndico, se ocupa principalmente de sus “planes de construcción” en sus comunidades para también dejar allí sus huellas y pocos desarrollan iniciativas tendentes a institucionalizar la práctica municipal en el país, ni a normar a través del urbanismo los procesos configurativos del territorio que administran.
Por eso, las ciudades, son construidas por la acción del capital inmobiliario, la ocupación de espacios residuales de parte de los pobres (espontánea y/o porque expulsados de la ciudad hacia esos espacios) y por la acción mínimamente reguladora del sector público. Crecen sin planes, presas todas de la libre ley del mercado, que es el caballo de Troya del capitalismo salvaje y de la especulación del suelo y de la tierra.
Crecen en medio de tensiones y reclamos (tanto de ricos como de pobres) para que se apliquen o se creen determinadas normativas que clarifiquen y orienten el uso de suelo, para de esa manera superar los constantes conflictos generados por abusos que tanto sectores del gran capital inmobiliario, como que autoridades municipales corruptas cometen en la construcción de zonas y edificaciones en la ciudad, amparados en la inexistencia de normas y planos urbanísticos o en la debilidad y opacidad de estas.
“Un trazado regulador es un seguro contra la arbitrariedad”, decía el famoso urbanista Le Courbusier, esta expresión quiere decir que el trazado de una ciudad no solamente implica una idea sobre la importancia de la función estética de esta, sino sobre la necesidad de su regulación. El consenso sobre la totalidad de su trazado es lo que permite el freno a la arbitrariedad que en la construcción ciudades cometen los poderes públicos y privados y también los especuladores y abusadores que también existen entre los pobres que construyen ciudad.
Ese consenso, además de urbanismo, significa el momento de la política, de lucha entre los diversos actores que construyen las ciudades para que se establezcan o respecten las normativas sobre el uso y el derecho al suelo urbano. Pero no es sólo eso, es también la gran oportunidad de las autoridades municipales para recabar recursos económicos para su gestión y a demás para la captación y creación de suelo para políticas de viviendas de carácter social.
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