Las instituciones dominicanas y sus gobiernos han sido tomadas por la delincuencia.
Recuerdo cuando en 1999 escribí el capítulo del libro “Rearmando La Utopía” titulado “Estado Delincuente e Impunidad: El Caso Dominicano”. Ya en ese momento había elementos suficientes para presentar la delincuencia y la penetración del narcotráfico como consecuencia de la impunidad del delito de Estado y de otros componentes del delito de cuello blanco.
Recuerdo también los contenidos de los libros “Confesiones Amordazadas” y “Más Confesiones Amordazadas”, donde fueron develados altos niveles de asociación narco-delincuencial entre carteles, dirigentes políticos, empresarios, jefes policiales, jefes de la DNCD; conformación escuadrones de la muerte, e incluso asesinatos de oficiales del Ejército que se atrevieron a desafiar a los jefes corrompidos…
Aquellos vientos impunes trajeron estas tempestades protegidas, alimentadas por los vínculos de colaboración del gobierno con el régimen represivo y amigo del terrorismo de Álvaro Uribe Vélez y con la oligarquía colombiana; con exportadores de dinero sucio, sicarios de la droga, empresas asociadas al crimen organizado, falsos programas de “seguridad democrática” y agentes de la CIA y la MOSSAD conectados con las mafias.
Todo esto explica el gran brote de pus en Baní, exhibiendo a la vez jefes policiales, agentes antinarcóticos y funcionarios de distintas instancias.
Pero no se trata sólo de Baní.
Es también San Cristóbal, Azua, Barahona, Bonao, Nagua, San Francisco de Macorís, Santiago, Navarrete, La Romana, Higuey, Bávaro, Las Terrenas… y paro de mencionar, porque la lista sería demasiado larga.
No hay que olvidar que, en Azua, en septiembre del año 2004, el periodista Juan Andújar fue muerto por una banda que era protegida por oficiales de la Policía Nacional. ´
Todo se “resolvió” con traslados y con cambios que no eran cambios, como se hace en gran escala en el Estado.
Uno de los integrantes de la banda fue ejecutado a mansalva, porque era el único recurso para lograr que guardara silencio, que no embarrara a ciertos oficiales. Y todo quedó en comisiones de investigación y traslados. Se procesa al nombrado Vladimir Pujols y a otros delincuentes de poca monta, pero no a los poderosos que los han protegido.
Así actúan los gobernantes del estilo de Leonel Fernández. Cambian y mueven funcionarios si consideran que con ello aminoran el costo político de algunos escándalos, pero no se deciden por hacer justicia. Y la podredumbre sigue avanzando.
Es el país, son sus instituciones todas.
Es su clase gobernante-dominante con las consabidas excepciones y áreas moderadas. Pregúntese hasta donde penetró el capo Quirino (extraditado a EEUU), hasta dónde están metidos los capos del cartel del Valle del Norte de Colombia y de otros carteles en este país y en sus instituciones encargadas de combatir la delincuencia cuyos jefes se enriquecen asociándose a ella.
No se salvan las sedes palaciegas del gobierno y sus partidos, los cuerpos encargados de combatir el crimen, la corte presidencial, los órganos de inteligencia, las cúpulas moradas, coloradas y blancas. El cáncer se expandió a todo el cuerpo institucional y a todas las ramas del poder.
Este Estado dominicano se pudrió de mala manera.
Y lo que se pudre debe ser eliminado y reemplazado.
Desde él, desde la clase y la partidocracia que lo regentean no hay remedios a estos males mayores. Todas las comisiones que surgen de su seno habrán de ocultar lo peor y proteger a sus grandes beneficiarios.
Al pueblo pobre, a los sectores sanos, a la parte del empresariado no corrompida, a los políticos honestos, a los intelectuales serios, a los(as) revolucionarios(as), les toca ponerle fin a esta era de poder gansterizado, arrasar con él y crear nuevas instituciones, otro Estado: democrático, participativo, controlado por la sociedad y gestionado con honestidad.
Las mafias políticas, policiales, militares y empresariales, como las clases explotadoras, no se suicidan: se autoprotegen. El necesario saneamiento pasa por su derrota política y su reemplazo.
